Reproducimos este interesante artículo publicado en la revista del Colegio Oficial de Médicos sobre la esperada Ley de Colegios y Servicios Profesionales.
Esta norma legal, que pretende la Unión Europea sea para España el instrumento legal para la liberalización de las profesiones colegiadas, no parece objeto de interés inmediato para el Gobierno español.
El Partido Popular con mayoría absoluta en Congreso y Senado intentó en 2013 tramitar un Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales (después con el tiempo de "Servicios y Colegios Profesionales") que no llegó ni a debatirse parlamentariamente, no pasando de Proyecto de Ley. La retirada de esta iniciativa se produjo en 2015 debido a las discrepancias entre Colegios profesionales, unos partidarios de la liberalización paulatina y el reconocimiento de competencias transversales (como el CITOPIC) y otros defensores del inmovilismo y de un maquillaje de la situación actual (mantenimiento de leyes restrictivas como la L.O.E. la Ley de Minas o de Telecomunicaciones):
Este "impass" del Gobierno, amparado por la situación de inestabilidad parlamentaria del mismo, es un arma de doble filo: por un lado prolonga artificialmente la vigencia de leyes injustas para los ingenieros técnicos y de reservas de actividad para otros profesionales, y por otro da tiempo a que Bruselas culmine el proceso de regularización experimental de la ingeniería civil a nivel europeo bajo la perspectiva de la libre competencia y de reconocimiento máximo del grado universitario.
También el Gobierno se arriesga a sanciones de la Comisión Europea por la dilación en la promulgación de la Ley, tal como ha pasado recientemente en la polémica de la Estiba portuaria.
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