Pie de foto: de izquierda a derecha: Antonio Martínez, Rosa Peris, Juan Alix y Sandra Martín en la sede de las Cortes.
EL CITOPIC QUIERE CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA LEY VALENCIANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
El pasado 25 de mayo tuvo lugar el segundo encuentro del Colegio con portavoces o "síndics" de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, con el fin de introducir las enmiendas precisas para que se reconozca a los graduados en ingeniería civil el acceso directo al nivel máximo administrativo (A1). El primer encuentro se celebró una semana antes con el Síndic de Compromís Fran Ferri Fayos, al que le parecieron justas las propuestas del CITOPIC.
La Ley vigente actual, aprobada en 2009 por un Partido Popular en mayoría absoluta y con el voto en contra de toda la oposición, se encuentra en revisión por distintos motivos y el Colegio, a iniciativa de nuestro Decano Juan Alix, quiere eliminar definitivamente la reserva del nivel A1 a titulados de máster en ingeniería y la injusta relegación de los nuevos graduados al A2.
La reunión, instada desde Alicante, contó con la presencia, además del propio Decano, de la portavoz de Función Pública del PSPV Rosa Peris Cervera, de la portavoz de Infraestructuras del grupo parlamentario socialista Sandra Martín Pérez y de Antonio Martínez Bueno, vicedecano de Zona de Valencia-Castellón.
El Colegio dejó claro, en un ambiente cordial y ante unos representantes socialistas muy receptivos, que la nueva Ley de Función Pública debe reflejar la realidad del Plan Bolonia y la letra y espíritu del Estatuto Básico del Empleado Público, de rango estatal, cuyo artículo 76 expresa claramente que es el título de grado el habilitante para acceder al grupo A y que la diferenciación entre los subgrupos A1 y A2 tan solo depende de las funciones y responsabilidades del puesto y no de la titulación.
El siguiente paso, ya acordado en esta reunión, será un encuentro directo con los diputados socialistas que son ponentes del Anteproyecto de nueva Ley de Función Pública y con el departamento de la Generalitat Valenciana del que parte la propuesta e impulso de la iniciativa parlamentaria.
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